Nunca llueve a gusto de todos.
He querido que ésta sea la cita con la que comience este post y, además la primera que escribo en este blog. Me gustaría, a través de estas líneas, compartir mi opinión personal sobre un fenómeno cada vez más frecuente y que reconozco observar con cierta tristeza.
Antes de continuar me gustaría advertir que este post está escrito al margen de cualquier afinidad política, religiosa y social.
No hay dos resoluciones judiciales iguales, pueden ser muy parecidas, pero no iguales, y ello se debe a que, en cada caso, son distintos los elementos que las integran. Por ello, no es extraño que algunas resoluciones nos gusten más y otras menos. No debemos olvidar que las resoluciones judiciales emanan de los Juzgados y Tribunales, compuestos por personas físicas, con pensamiento, conciencia y perspectiva propias, lo que facilita que incluso en supuestos muy semejantes, dos jueces puedan resolver de forma no idéntica o, incluso, distinta. Tampoco es raro que existan discrepancias entre los magistrados de un mismo Tribunal.
Como he dicho antes, nunca llueve a gusto de todos, y todos tenemos derecho a expresar libremente nuestra disconformidad, no sólo con el Poder Judicial, sino con cualquier acto que emane de cualquiera de los tres Poderes que componen la función pública. Ahora bien, ¿hasta qué punto?

Dejo ahí la cuestión, pues por sí sola daría cabida a escribir ríos de tinta. Mi intención mediante este post es posicionarme en torno a los límites de la libertad de expresión en el rechazo a las resoluciones judiciales. El origen de esta reflexión se encuentra en la siguiente noticia http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14632-el-supremo-rechaza-que-asediar-durante-dos-anos-a-una-jueza-de-violencia-de-genero-sea-libertad-de-expresion/
Posiblemente acabo de abrir la caja de pandora al plantear un tema tan complejo como aquel con el que se relaciona la noticia, pero creo que es hora de empezar a tomar una posición y adoptar las medidas oportunas. En la noticia se hace referencia a una sentencia del TS, de 22 de octubre de 2019 -que recomiendo leer-, que resuelve un recurso contencioso administrativo. Resumen de los hechos: una mujer que, había quedado descontenta con una resolución de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, adopta una conducta de desprestigio del Juzgado y de su titular, entorpeciendo el normal funcionamiento y llegando a interferir en la esfera privada. La titular del Juzgado se acoge al amparo previsto en el artículo 14 de la LOPJ. Finalmente se plantea recurso ante el TS contra el acuerdo del CGPJ en el que se reconocía el amparo, quedando finalmente desestimado el recurso.
Nadie pone en duda el derecho a protestar por aquello que consideramos no es lo correcto o adecuado. Pero, ¿hasta qué punto podemos incidir en la vida de una persona para reclamar aquello a lo que creemos que tenemos derecho o merecemos? ¿hasta qué punto podemos exigir a un profesor que nos ponga la nota que pensamos que nuestro esfuerzo merece? ¿en qué medida podemos exigirle a nuestro jefe que nos pague lo que estimamos que nuestro servicio vale? ¿hasta dónde tiene un juez y su familia que aguantar el reproche social por una decisión que, con toda la buena fe y diligencia profesional, ha adoptado ponderando los intereses de los intervinientes?.
No es esta la primera ocasión en que una decisión de un juez provoca una fuerte reacción. Ya hemos visto otras ocasiones en las que, por lo delicado del asunto, han llegado a cometerse injerencias en la vida personal de un miembro de la carrera judicial.
Por mi juventud es difícil que lo sepa, pero me cuesta entender que antiguamente las resoluciones judiciales generasen tanta reacción social. No digo que estemos peor que antes, al contrario, hoy existe una sensibilización en la sociedad, con respecto a temas tradicionalmente tabú, que antes no existía, y es motivo de alegría. Sin embargo, no todo vale. En mi opinión no puede perderse nunca el respeto. Respeto, por un lado, hacia las reglas del juego: la Administración de Justicia está dotada de unas reglas que son iguales para todos y, en ocasiones nos gustarán más o menos, pero no podemos perderlas de vista ni pretender usarlas según nos convenga. Por otro lado, el respeto hacia las personas pues, al fin y al cabo los Jueces son personas, seres humanos como cualquiera de nosotros.

Para ir concluyendo, me gustaría hacer un alegato en favor de los jueces, tan denostados y criticados por una sociedad que rechaza lo que no se adecúa a su forma de ver y entender las cosas. Escucho con tristeza, en más ocasiones de las que me gustaría, comentarios poniendo de manifiesto la podredumbre de los jueces y el sistema judicial cuando se dictan sentencias que no convencen. Sin embargo, no puedo estar más en desacuerdo pues, quiero creer -y creo- que todos los jueces -siempre hay excepciones-, desarrollan su labor con la máxima diligencia y honorabilidad posible. Es por esto que entiendo que debemos blindar a los jueces y magistrados, y a cualquier otro profesional del Derecho, de la furia de una sociedad que, legítimamente se revela contra aquello que es injusto, aunque en ocasiones exceda los límites.
Y para acabar quiero invitaros a que libremente y con la máxima educación y respeto, compartáis también vuestra forma de ver un tema tan delicado.